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R.I.T. O-37-2011---- J.L.T. LOS ANDES

Primero: Que el contrato de trabajo habido entre el demandante y el trabajador lo fue uno para la realización de una determinada obra, por lo que habiendo cesado dichos servicios, a juicio del empleador, el actor pidió al tribunal el desafuero del trabajador, por gozar este de fuero por ser dirigente sindical, siendo informado de su despido el día 05 de septiembre de 2011.

Segundo: Que de lo actuado en la presente causa, se desprende que la misma fue iniciada el día 21 de septiembre de 2011 y la obra o los servicios para los cuales el trabajador fue contratado culminaron el día 03 de octubre de 2011, siendo la causal invocada para despedir la del artículo 159 n° 5 del código laboral.

Tercero: Que por lo tanto, habiéndose pedido el desafuero del demandado con anterioridad a la cesación de los servicios para los cuales había sido contratado, dicha petición resulta del todo extemporánea para los efectos que se pretende.

PROCEDIMIENTO: Aplicación General
MATERIA: Desafuero Sindical
DEMANDANTE: MAESTRANZA BETH Y COMPAÑIA LIMITADA
REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO JORGE BETH MARCOLETA
DEMANDADO: JORGE ALEJANDRO LETELIER PARDO
RUC: 11-4-0034241-7
RIT: O-37-2011
_________________________________________/
Los Andes, diecinueve de diciembre de dos mil once.

VISTOS:
Que con fecha treinta de noviembre pasado, ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en la causa R.I.T. O-37-2011, R.U.C. 11-4-0034241-7, por demanda de desafuero sindical, solicitada en procedimiento de aplicación general, según las normas de los artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo.

La demanda fue entablada por don Cristhian Soto Ríos, abogado, domiciliado en calle Amunátegui N°180, Villa Alemana, en nombre y representación de MAESTRANZA BETH Y COMPAÑÍA LIMITADA en contra de JORGE ALEJANDRO LETELIER PARDO, trabajador, con domicilio en calle República N° 160, comuna de San Felipe.

CONSIDERANDO:
1°.- Que, don Cristhian Soto Ríos en nombre y representación de MAESTRANZA BETH Y COMPAÑÍA LIMITADA, viene en solicitar se autorice a su representada a poner término al contrato de trabajo celebrado con JORGE ALEJANDRO LETELIER PARDO.
Funda su demanda en que con fecha 11 de julio de 2011, el demandado comenzó a prestar servicios para con su empleadora empresa Maestranza Beth y Compañía limitada, conforme a contrato de trabajo por obra, señalando en la cláusula octava de dicho Contrato que: “el presente contrato regirá hasta el término de los trabajos de montaje de estructura principal de la obra y que está respaldada por el contrato N° 4501169274 denominado “Estructura exterior remodelación Hilton”. Agrega además dicha cláusula que el empleador podrá poner término al contrato de trabajo en virtud de la causal del artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo y que, en este último caso, las partes convienen que la terminación del presente contrato se producirá al momento de concluir sus servicios específicos conforme al avance de la obra, dada la necesidad de separar paulatinamente al personal, al paso y medida que va concluyendo la respectiva faena y demandando menos mano de obra. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en el transcurso de la relación laboral, concretamente el 2 de septiembre 2011, vía correo certificado, se nos notifica de la elección de director sindical, sindicato interempresa SITECO V REGIÓN, RSU 05.05.152; en la cual resultó electo con fecha 31 de agosto de 2011, don Jorge Alejandro Letelier Pardo. Así las cosas, indica que con fecha 5 de septiembre de 2011, el demandado fue notificado de su despido, conforme a ya varios despidos que se estaban efectuando, a consecuencia del término de la obra de montaje de estructura principal de la obra y que está respaldada por el contrato N° 4501169274 denominado “Estructura exterior remodelación Hilton”, conforme lo establece el contrato de trabajo suscrito por Jorge Letelier Pardo. Agrega que como es de conocimiento del tribunal, respecto al fuero que protege al trabajador, en su calidad de delegado, pero no es menos cierto que el trabajador tenía un contrato por obra clara y precisamente especificado, lo cual hace presumir que dicha elección de delegado lo que pretende simplemente es un subterfugio legal de aforarse en calidad de delegado interempresa para no poder ser despedido. Añade que hoy en día su representado, no cuenta con faenas de las características y especificidades para las cuales fue contratado don Jorge Letelier Pardo, al menos en la División Andina de Codelco Chile. Dadas las circunstancias planteadas y en razón del perjuicio que ocasiona a su representada, el no poder otorgar trabajo efectivo, al menos bajo la función y obra para la cual fue contratado, es que se hace imperiosa la necesidad de recurrir al tribunal para que restablezca el imperio del derecho. En cuanto al derecho indica que la causal del artículo 159 Nº5 del Código del Trabajo, establece término de la obra o servicio que dio origen al contrato; el fundamento doctrinario de dicha causal de despido se ha cifrado en que es la contrapartida del carácter tutelar del derecho del trabajo, el cual impone normas sobre jornada máxima, descanso, remuneraciones mínimas, etc., lo que implica la obligación de cumplir con sus deberes para obtener lo otro. Indica que ha sido criterio de nuestra jurisprudencia, y de la doctrina, que la causal de caducidad o término de contrato debe hacerse efectiva de inmediato por el empleador y que, en todo otro caso, se entiende perdonada la causal, o dicho en otros términos, como el empleador optó por la mantención y vigencia del contrato, no le es posible, algún tiempo después, hacer efectivo el despido por hechos acaecidos con antelación. No existe precisión normativa al respecto; por tanto, queda entregado al prudente arbitrio judicial el decidir si, por la forma y circunstancias como han acaecido los hechos, y es solo la magistratura quien tiene al respecto el poder seminormativo y jurisprudencial. Para poder configurar la causal de despido invocada, indica no se hiso más que ajustarse a lo literal del contrato de trabajo suscrito entre las partes. Dice que el haber enviado las cartas de notificación del despido conforme al artículo 162 del Código del Trabajo, es por un hecho de constatar la falta y que no se produzca un perdón de la causal; sin perjuicio de ello, se recurre ante el tribunal para efectos de solicitar la autorización de desafuero del trabajador. Dentro de las causales que establece nuestra legislación para efectos que el tribunal conceda el desafuero del trabajador están las causales objetivas del Código del Trabajo. Sostiene que debe redundar en que, las notificaciones enviadas al trabajador, que dan cuenta del término de contrato conforme al artículo 159 Nº 5 del Código del Trabajo, tienen por objeto hacer cumplir y valer lo que las partes ya habían tomado conocimiento al suscribir el contrato de trabajo, produciendo como consecuencia que no se ocasione un perdón de la causal y que en definitiva es el argumento objetivo y de fondo para efectos que se conceda judicialmente el desafuero del trabajador por haber terminado las obras que dieron origen al contrato por obra celebrado entre las partes. En ningún dice, el tribunal debe dejar nulo el acto, no es ilícito, no es prohibido, ni configura entonces objeto ilícito. Agrega que nuestra legislación encuadra las normas sobre desafuero sindical en lo que la terminología internacional denomina “disposiciones especiales sobre protección de los representantes de los trabajadores”. El fundamento del desafuero previo reside en que él representa el necesario complemento o corolario del fuero, para que éste resulte realmente eficaz; el fuero significa protección del dirigente para efectos que éste a resguardo de la facultad discrecional del empleador, toda vez que éste representa intereses colectivos de sus socios; la función del delegado sindical, es representar a los trabajadores de la empresa en la cual laboran frente a la organización sindical respectiva. Se pregunta el apoderado del actor qué trabajadores representa, si éstos fueron despedidos por término de la obra contrato N° 4501169274 denominado “Estructura exterior remodelación Hilton”, no existe entonces el principio rector de representatividad del delegado, toda vez que no existen socios que representar en dicha empresa. añade que resulta del todo cierto que, en las condiciones en que se producen los hechos, mal podría pensar el tribunal que el dirigente cumple con dicha finalidad si a contrario sensu ninguno de los trabajadores despedidos en dicho contrato por obra ya especificado, ha señalado ser socio del sindicato interempresa SITECO V Región y, a mayor abundamiento, tampoco se ha interpuesto alguna denuncia por despidos injustificados tutelando los derechos de los supuestos socios, o denuncia por persecución laboral o despidos no ajustados a derecho; ello, simplemente porque lo único que se pretende es obtener un provecho del fuero sindical, pretendiendo por un lado estabilidad en un empleo que se sabía que era por obra, y por otro lado pretender negociar el periodo restante de fuero logrando alguna indemnización al respecto. Agrega que el artículo el artículo 229 del Código del Trabajo al concordarlo con el artículo 243 del mismo código, es claro al señalar: “tratándose de directores sindicales de trabajadores eventuales o transitorios o de los integrantes aforados de los comités paritarios de higiene y seguridad, cuyos contratos sean a plazo fijo, o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará, solo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero, al término de cada uno de ellos”.

2°.- Que, contestando la acción, el demandado solicita su rechazo, con costas, toda vez que en primer término si bien señala que los siguientes hechos son efectivos: que con fecha 11 de julio de 2011 comenzó a prestar servicios para su empleador; que el 2 de septiembre se informó a la empresa por correo certificado de su elección en calidad de delegado sindical del Sindicato Interempresa SITECO V Región celebrada el día 31 de agosto de 2011; que el 5 de septiembre se le despide por la causal del artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, esto es, por término de la obra o faena que dio origen al contrato de trabajo. Luego de establecer los hechos que esta parte estima serán pacíficos, pasa a exponer los hechos como se verificaron en la realidad, según dice, para concluir que jurídicamente su contrato de trabajo no es un contrato por obra o faena sino un contrato indefinido, todo lo cual hace que la demanda deba ser necesariamente rechazada. Indica que por un lado es cierto que firmó un documento que da cuenta de un contrato de trabajo en la que se señala que es por obra o faena, pero éste resulta ser una mera formalidad que contrasta con la realidad, por cuanto Maestranza Beth y Compañía Limitada, creada en 1983 en la ciudad de Villa Alemana ha tenido a la fecha un sólido crecimiento económico en su actividad metalmecánica, cuya actividad principal es la fabricación de estructuras, partes y piezas metálicas para la industria minera, petroquímica y energía. Señala que la información pública que mantiene en su página web http://www.beth.cl/ da cuenta que entre los años 2007 y 2010, destaca lo siguiente: que es reconocida en el ámbito nacional como un proveedor destacado de servicios a la Gran Minería y la Industria; que extendió sus operaciones entre la Primer y la Sexta Región, incluida la Región Metropolitana; que incrementó su patrimonio en un 80% bruto en el período 2007 y 2011; que cuenta con una positiva imagen proyectada por sus trabajadores, comenzando por la presentación individual, nivel de competencias profesionales, clima laboral marcado por la excelencia y condiciones de bienestar en el ambiente de trabajo y familiar; que sus trabajadores cuentan con un alto sentido de pertenencia y son los agentes principales y beneficiarios directos del desarrollo y beneficio de la empresa; que recibe un gran número de postulaciones de candidatos a trabajar, impulsados por la imagen de excelencia que proyecta en la comunidad. Con estas bondades y otras que publica la demandante en dicha página, sostiene el demandado, dan cuenta que es una empresa solvente, prestigiosa y que ha tenido una permanencia en el tiempo que la hace merecedora del reconocimiento una serie de clientes que menciona. Lamentablemente dice, tal solvencia, permanencia y prestigio en el mercado contrastan con el respeto a los derechos laborales, contrario a lo sostenido por la propia empresa respecto de su imagen pública y sobre todo cuando se refiere al clima laboral y sentido de pertenencia de sus trabajadores, pues es precisamente lo que la demandante evita con la formalización de contratos por obras, y sin perjuicio, que además contrasta con lo expresado en la demanda cuando se refiere al respeto de su fuero sindical, según expresará más adelante. Lo cierto, señala, es que la demandante ha utilizado como práctica habitual la de suscribir contratos por obra o faena con los trabajadores que ingresan a prestar servicios para ella, luego, cuando entiende que ha concluido la obra, cumple con la formalidad de suscribir finiquitos con los trabajadores para, acto seguido, volver a contratar a los mismos trabajadores, salvo contadas excepciones, en otras obras. Lo anterior bajo el expediente de entender que cada contrato que celebra con sus clientes, lo es por una obra cuya ejecución se encuentra limitada en el tiempo. Es así como podría ejecutar diferentes obras “limitadas en el tiempo”, sea concluyendo una y comenzando otra, o varias en forma paralela, sea para diferentes clientes o para uno mismo, como ocurre, por ejemplo, con Codelco. Esta forma de celebrar contratos de trabajo puede mantener por años a un trabajador vinculado a la empresa, con evidentes perjuicios como la pérdida de antigüedad laboral y, por lo tanto, de indemnizaciones, limitación en el ejercicio de derechos sindicales y otros, que en definitiva deriva en precariedad laboral, ejemplo de ello, es que muchos de sus compañeros de trabajo que aparentemente estaban contratados para la misma obra, actualmente ya están trabajando para otra obras de la empresa. Lo anterior es muestra clara que los servicios que presta la empresa demandante y para los cuales son contratados los trabajadores, no son finables, exigencia ésta que se requiere para calificar si estamos o no en presencia de un contrato por obra o faena, por lo tanto al tratarse de un contrato que no tiene una causa legal, es decir no se trata de una obra finable, debe entenderse necesariamente que estamos en presencia de un contrato indefinido, ergo no puede ser acogida la demanda de desafuero. Además de lo expuesto y como señala, con fecha 11 de julio de 2011, suscribió un contrato que en su cláusula octava dispone lo señalado por la empresa en su demanda, pero lo cierto es que su despido y esta solicitud de desafuero, constituyen un castigo por haber ejercido el derecho de afiliación sindical y de elección de representantes sindicales, en este caso, la de delegado sindical. En efecto, como se expone en la demanda, el día viernes 2 de septiembre de 2011, la empresa toma conocimiento de su elección en calidad de delegado sindical, luego al día siguiente de sus actividades laborales en la empresa, esto es, el día lunes 5 de septiembre de 2011, le comunican por escrito que estaba despedido por término de la obra o faena para la que había sido contratado, sin embargo, como lo señala la demandante en su libelo a esa fecha, tampoco había concluido la obra. Todo ello resulta indiciario, no sólo de la ilegalidad de la medida de despido que ahora se intenta validar por esta vía, sino además de una conducta contraria a derecho que bien podría ser calificada de práctica antisindical, más aún si la obra, a esa fecha aún no concluía. Tampoco es efectivo, que la empresa haya despedido a otros trabajadores, de la misma obra, con anterioridad o ese mismo día. El día 5 de septiembre sólo lo despide a él y a otro compañero, don Nelson Silva Videla, y que, curiosamente, también era de aquellos trabajadores que se afilió al Sindicato y participó en su elección. Lo más grave de todo, señala, está absolutamente omitido por la demandante, pero que en todo caso sirve para evidenciar, contrario a lo que sostiene en su demanda, una ausencia absoluta de respeto a los derechos laborales. En efecto, el día 5 de septiembre de 2011, no sólo se le informa de su despido, sino además se le separa ilegalmente de sus funciones, es decir, antes de obtener la autorización judicial para despedirlo, que como se observa fue presentada sólo el día 21 de septiembre, curiosamente solicita su separación provisoria. Por tal razón debió concurrir a la Inspección del Trabajo el día 6 de septiembre de 2011, lo que provocó que el día 11 de octubre del corriente, un fiscalizador dependiente de este Servicio, requiriera a la empresa su reincorporación, sólo de esta forma se le ha permitido seguir prestando servicios. Claro está, que la conducta de la demandante es una práctica antisindical, esto es, separar ilegalmente a un trabajador aforado. Actualmente de los trabajadores que se afiliaron al sindicato interempresa y participaron en su elección, realizando el mismo trabajo que para el que fue contratado, son cuarenta y cinco personas, de manera que tampoco es efectivo que no existan faenas en las que se me pueda otorgar el trabajo convenido. En cuanto al derecho indica que la protección que se le otorga como dirigente sindical, tiene su reconocimiento tanto en el derecho nacional como en el internacional. El legislador estimó proteger al trabajador que tenga la calidad de representante de los trabajadores frente a sus empleadores, primeramente, aunque no sólo respecto de ello, de las decisiones patronales de despedirlo, exigiéndosele previamente que solicitara autorización judicial, en la especie, ello no ha ocurrido, la demandada lo ha separado ilegalmente y sólo por requerimiento de la Inspección del Trabajo ha sido reintegrado a sus funciones. Además la demanda resulta ser absolutamente extemporánea, se presenta el día 21 de septiembre, no obstante que ya estaba separado de sus funciones, en forma ilegal, el día 5 de septiembre. Finalmente, la demandada no ha pagado sus remuneraciones del tiempo que se extiende entre la fecha de su separación y la de su reincorporación por requerimiento de la Inspección del Trabajo. Se suma a ello dice, el que se le despida y separe ilegalmente de sus funciones, inmediatamente después de haberle informado de su elección en calidad de delegado sindical. Todo lo anterior constituye una práctica antisindical, según dice, cuestión que debe ser tenida a la vista para los efectos de rechazar esta demanda. En otro orden de ideas, sostiene y en función de la naturaleza del contrato de trabajo que lo liga con la demandante, el principio de realidad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y protección del trabajador, llevan necesariamente a calificar la relación laboral como de carácter indefinido, además el contrato de trabajo por obra o faena, es un contrato causado, es decir, existe por causa de una obra o faena; ésta a su vez, se define por naturaleza y no por convención, la obra debe ser finable o limitada en el tiempo en cuanto a su ejecución, como requisito esencial de un contrato por obra. Diferente a un contrato a plazo, que si bien es cierto también se relaciona con el tiempo de su ejecución, existe fecha cierta de su conclusión, siendo la razón de por qué sólo el contrato a plazo se puede transformar en uno de naturaleza indefinida, por lo tanto, el contrato por obra o faena, nunca se transforma, el contrato es por obra o faena o es un contrato indefinido, aun cuando en este caso las partes les hayan denominado contrato por obra o faena, debiendo primar la realidad más que la formalidad en protección del trabajador cuando hay una diferencia entre ambas. Finalmente, aun cuando el tribunal estimare que su contrato es por obra o faena, la demanda debe ser rechazada igualmente por que la demandante le separa de sus funciones antes de concluir lo que llama obra; que no es efectivo que se haya despedido trabajadores con anterioridad a su separación, sólo se despide ese mismo día a otro trabajador, que además también participó en la elección sindical; que se le despide inmediatamente después de haber tomado conocimiento de su fuero sindical; que sólo se le reincorpora por requerimiento de la Inspección del Trabajo; que no se me han pagado las remuneraciones del tiempo en que he estado separado ilegalmente; que aún quedan trabajadores afiliados al sindicato, aunque la empresa los destina a lo que denomina obras diferentes. Por todas estas circunstancias y actuaciones reprochables de la demandante, precisamente hacen que se le deba mantener en la empresa en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la organización sindical. Sostiene que el mero hecho de invocar alguna de las causales contempladas en el artículo 159 N° 4, 5 y 6, no resultan ser suficientes para la procedencia del desafuero, como lo pretende el actor al señalar que sólo se ajusta a lo literal del contrato de trabajo, olvidando que lo trascendente es la decisión del juez, quien conforme a los antecedentes que se acompañen en el proceso, accederá o repudiará la pretensión deducida. Es decir, que las causales contempladas en la ley para la procedencia del desafuero, no operan de pleno derecho ni configuran todos los requisitos de su procedencia, si no que se requiere, esencialmente, una resolución que así lo autorice. En tales términos, el artículo 174 utiliza la expresión "podrá", y conforme a ello, refleja que la intención que tuvo el legislador es entregarle la facultad al sentenciador para que conceda o rechace dicho requerimiento. La misma apreciación ha sido sustentada por la jurisprudencia, principalmente por los tribunales superiores de justicia, cuya interpretación ha sido sustancial y determinante, al momento de rechazar una acción de desafuero maternal, citando fallo de la Excelentísima Corte Suprema, el que dice viene en manifestar que la intención del legislador ha sido la protección de derechos fundamentales, tales como lo son aquellos relacionados con la criatura que está por nacer o de aquellos que se relacionan con la Libertad Sindical, y tal protección se explica por los valores y objetivos adicionales que se encuentran comprometidos en el término de una relación laboral en que una de las partes tiene la calidad de dirigente sindical y supone la posibilidad que el Tribunal pueda rechazar la autorización que le es solicitada. También cita fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en el sentido que: “no basta la comprobación mecánica de la situación de hecho de haber terminado el contrato para se acoja la solicitud de desafuero”. Por lo tanto, manifiesta, pese a existir la posibilidad de solicitar el desafuero ante el tribunal competente, los derechos fundamentales de la Libertad Sindical, ejercen una supremacía y son de carecer imperativo, de manera tal, que prevalecen frente a una ley laboral en caso de ser divergentes o de existir una incongruencia, en cuanto a su sentido y alcance. En todo caso es la empresa y demandante la que debe proporcionar la justificación y prueba de la necesidad que en el caso concreto amerite la decisión jurisdiccional del juez para autorizar el desafuero, todo esto más allá de la causa legal que se invoque, dado que de otra forma el legislador no habría requerido esta autorización judicial como si ocurre en otras hipótesis como lo es el fuero que tiene su origen en la negociación colectiva respecto de los trabajadores contratados a plazo donde no es requisito para la desvinculación, solicitar la autorización judicial previa. En razón del análisis jurisprudencial previamente descrito y a los argumentos empleados en esta presentación, sólo cabe concluir que la motivación del empleador y demandante de autos sólo se funda en desvincularme por haber ejercido sus derechos fundamentales y porque en su empresa no es posible siquiera que sus trabajadores piensen en cualquier cosa que pueda parecerse a un sindicato.

3°.- Que, en consecuencia, se controvierte entre las partes, si procede la autorización de despido solicitada, atendida la naturaleza del contrato de trabajo existente entre ellas.

4°.- Que, la actora a fin de acreditar el fundamento de su reclamación, rindió la siguiente prueba en la audiencia prevista para tal efecto en el artículo 454 del Código del Trabajo, celebrada el treinta de noviembre de 2011:
i) La instrumental, consistente en los siguientes documentos, cuya incorporación se produjo en la audiencia de juicio mediante lectura resumida por el abogado de la demandante:

a) Contrato de trabajo por obra, entre las partes, de fecha 11 de julio de 2011.

b) Carta de notificación de despido, enviada al actor, de fecha 5 de septiembre de 2011.

c) Copia del recibo de envió de correo, de fecha 5 de septiembre de 2011.

d) Comprobante de aviso término de contrato de trabajo correlativo 11028, enviado al actor, de fecha de comunicación 5 de septiembre de 2011.

e) Acta de notificación de denuncia por vulneración de derechos fundamentales, de fecha 11 de octubre de 2011.

f) Formulario 24-3, acta de fiscalización por separación ilegal del trabajador.

g) Copia íntegra contrato N° 4501169274 entre Codelco y Maestranza Beth y Compañía Limitada.

h) Modificación N° 1, del contrato N° 4501169274, estructura exterior remodelación Hilton, que indica que dicho contrato dura 45 días desde el 10 de junio de 2011, y la modificación de dos de agosto de ese año lo extendió hasta el 3 de septiembre del mismo año.

ii) También rindió la testimonial, consistente en la declaración del siguiente testigo Roberto Andrés Solar Santander quien llamado a estrados, previamente individualizado, jurando o prometiendo decir verdad de los hechos en juicio y advertido previamente de las penas previstas en el artículo 209 del Código Penal, señaló que es administrador de contrato de la empresa demandante, que administra varios contratos, el último fue el del Hilton, que era un contrato de construcción de estructuras, que era por obra, en principio duraba cuarenta y cinco días finalmente duró unos tres meses, que el contrato tuvo dos modificaciones, la primera en agosto del año en curso, que duró hasta el tres de septiembre, y una segunda de fecha siete de septiembre que hizo durar el contrato hasta el tres de octubre. Que se desvinculó al demandado por la causal de término del contrato, la que estaba contemplada en el contrato. Que los trabajadores que trabajaban en el contrato fueron despedidos paulatinamente en al mediada que se cumplían ciertos hitos de la obra, que a la fecha que fue despedido el demandado, habían sido desvinculados en total unos cuatro trabajadores, de un total de veinticinco aproximadamente, que laboraban allí, que fueron despedidos finalmente el tres de octubre. Que el proceso es de desvinculación paulatina a medida que se cumplen obras o etapas, que el contrato al momento del despido era por obra. Que los contratos de trabajos eran por obra, la que finalizó el tres de octubre de dos mil once. Interrogado por el abogado del demandado, señaló que la segunda modificación fue firmada el siete de septiembre, pero entre el tres y siete de septiembre se produjo una desmovilización del contrato, que los trabajadores no despedidos, se comenzó a prepara para salir de la obra, por lo que la segunda modificación se hizo para levantar observaciones, que Codelco le hizo la recepción final de la obra el tres de octubre, que el criterio para despedir paulatinamente, se hace evaluando de acuerdo a las necesidades de mano de obra de acuerdo al rendimiento y avance se van despidiendo los trabajadores, que los cuatro trabajadores que fueron despedidos, antes cumplían funciones de maestro y ayudante, que el demandado cumplía funciones como soldador, que habían dos o tres soldadores, que a la fecha del despido del demandado, no recuerda si habían otros soldadores. Que la empresa no tenía conocimiento del fuero del demandado, al momento del despido, que desconoce la fecha en que tomó conocimiento la empresa, que el tres de octubre se despiden a todos los trabajadores. Que la empresa tiene otras obras en Los Andes, con Codelco, y no sabe si algunos trabajadores del contrato en que se desempeñaba el demandado, fueron nuevamente contratados para el contrato que actualmente se ejecuta en Los Andes. Interrogado por el tribunal, señaló que el demandado fue contratado como soldador para el contrato Hilton, que este contrato se terminó el tres de octubre de dos mil once, que el demandado fue despedido el cinco de septiembre, por término de faena, pero que el contrato terminada entonces el tres de septiembre del año en curso.

5°.- Que, la demandada para acreditar sus asertos, rindió la siguiente prueba en la audiencia de juicio:
i) prueba instrumental: a través de los siguientes documentos agregados a la carpeta judicial junto con la audiencia de prueba, cuya incorporación se produjo en esta mediante lectura resumida por la abogada de la reclamada:

a) Tres nóminas de los socios participantes de la elección de delegado sindical, con la individualización de los mismos.

b) Acta de elección de delegado sindical, de fecha 1° de septiembre de 2011.

c) Carta de fecha 1° de septiembre de 2011, enviado al Gerente de la empresa demandante, comunicando la elección como delegado sindical del demandado.

d) Denuncia interpuesta en la Inspección del Trabajo, de fecha 06 de septiembre de 2011.

e) Comprobante de ingreso fiscalización 0505/2011/541, de fecha 19 de octubre de 2011.

También pidió oficios a la Inspección del Trabajo para que remita el informe de fiscalización relativa al reintegro y despido del demandado, dando cuenta de la denuncia que presentó el demandado, con sus anexos, que la empresa demandante presenta fiscalizaciones anteriores, que no tiene sindicatos, y cuya relación fue efectuada por el abogado de la demandada en la audiencia de prueba, también el acta de reintegro de trabajador separado con fuero; así como a Codelco Chile División Andina para que informe la fecha en que concluyó el contrato entre ella y la demandante en que desempeñaba sus funciones el demandado, siendo la fecha definitiva el tres de octubre de dos mil once.

En cuanto a la exhibición de documentos fue desistida por la demandada.

ii) Confesional: en este punto cabe tener presente que el demandado solicitó la declaración del representante de la demandante Gerardo Beth Marcoleta, el cuál legalmente citado no compareció, por lo que conforme a la facultad que le otorga el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, podrán presumirse efectivas en relación a los hechos objeto de prueba, las alegaciones de la parte contraria en la contestación, en este caso.

iii) También rindió la testimonial, consistente en la declaración de los siguientes testigos quienes llamados a estrados, previamente individualizados, jurando o prometiendo decir verdad de los hechos en juicio y advertidos previamente de las penas previstas en el artículo 209 del Código Penal, señalaron que:

a) Boris Andrés Silva Huerta: dice que conoce al demandado, ya que estuvieron trabajando para la actora en el contrato Hilton, ya que formaron una amistad mientras trabajaba allí, que trabajó unos tres meses, desde el vente de julio al cinco de octubre, que comenzaron en ese proyecto unos quince o dieciséis y lo terminaron unos diecinueve, que el demandado fue desvinculado de la empresa junto a su padre en el mes de septiembre, que el demandado fue electo delegado sindical, que no recuerda la fecha exacta cuando fue desvinculado el demandado, pero fue un tiempo antes de ser despedido, que los demás trabajadores que fueron desvinculados fue el cinco de octubre. Que luego de eso algunos cuatro trabajadores siguen trabajando en otras obras de la actora. Que en la elección de delegado de Jorge, le preguntaban contantemente al demandado por su situación, el que les decía que estaba haciendo las gestiones para ello. Que habían cuatro soldadores, una vez que fue despedido Jorge, siguieron habiendo cuatro soldadores, ya que trajeron un soldador desde otra obra. Que además trajeron en total de otra obra de la actora cuatro trabajadores. Que participaron los diecinueve trabajadores del contrato en la elección del demandado como delegado sindical. Que hay cuatro trabajadores sindicalizados que aún prestan servicios para la demandante. Interrogado por el abogado del actor, dijo que él trabajaba en el contrato del Hilton, y que su contrato era por obra, que él se desempeñó hasta el cinco de octubre. Interrogado por el tribunal dijo que tanto él, como el demando no habían sido contratados por la empresa anteriormente.

b) Paul Frederick Valdés Arcos: que señaló que conoce al demandado, que fueron compañeros de trabajo en la empresa Beth, en el contrato Hilton, que él empezó el quince de junio, y que terminó el tres de octubre, que el demandado trabajó en el proyecto unos dos meses, fue despedido en septiembre o agosto, no recuerda bien, que el demandado era soldador, que habían tres soldadores, que llegaron más trabajadores, un mes antes que terminara la obra, que en ese momento ya no trabajaba en la empresa. Que terminaron la obra tres soldadores. Que el demandado es el presidente del sindicato de la empresa. Interrogado por el tribunal, dijo que no había prestado servicios anteriormente para la demandada, pero que le ofrecieron trabajo una vez que terminara el contrato, él cree que no lo contrataron por que se estaba sindicalizando, que el demandando fue despedido por su elección sindical, según cree, ya que los empezaron a apurar por el trabajo, ya que hablaron con el administrador de contrato, por un aumento de suple en septiembre, y éste les dijo “que se los consiguiera el sindical”. Que hubo un cambio de actitud de la empresa hacía el demandado, por su elección como sindical, según cree, ya que no vio nada ni escuchó expresamente, algo en tal sentido.

6º.- Que, el fuero es una especial forma de protección que la legislación concede a ciertos trabajadores en razón del cargo o función que desempeñan o de la situación que se encuentran, casos en los que, para despedir al trabajador debe existir, previamente, una autorización del juez competente, la que sólo puede deducirse por las causales de vencimiento del plazo convenido en el contrato, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato y aquellas contempladas en el artículo 160 del Código del Trabajo.

7°.- Que, en estos autos se ha solicitado autorización judicial previa para despedir al demandado, el que gozaría de fuero por tratarse de un delegado sindical del “sindicato interempresa de trabajadores contratitistas, subcontratistas y de servicios de la Quinta Región”, según lo dispone el artículo 243 del Código del Trabajo, condición que con los antecedentes probatorios allegados se ha establecido y que las partes no han discutido.

8°.- Que, atendido lo razonado en el considerando anterior y habiéndose reconocido por las partes la circunstancia de la condición de delegado sindical del demandado, lo que le habilita para gozar de fuero, corresponde determinar si la causal esgrimida por el actor para poner término a dicho contrato se encuentra acreditada y corresponde a alguna de aquellas que la ley permite, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato de trabajo celebrado entre las partes.

9°.- Que, por consiguiente cabe dilucidar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo celebrado entre las partes, toda vez que la causal alegada por la demandante es la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. En este sentido, este sentenciador ha llegado a la conclusión que el contrato celebrado entre las partes fue uno por obra o faena- tal como lo indica el contrato suscrito entre las partes de fecha 11 de julio de 2011-, la que de acuerdo a la documental –en especial oficio contestado por Codelco Chile División Andina, en este punto- y a la testimonial rendida por las partes en la audiencia de juicio, concluyó finalmente el 3 de octubre de 2011, circunstancia conocida por el demandado, correspondiendo la causal invocada a una de aquellas que señala la ley para autorizar el despido del trabajador aforado. A mayor abundamiento, no es posible establecer de la prueba rendida que haya ocurrido alguna de las hipótesis que si bien están establecidas en el número 4 del artículo 159, que se refiere al contrato a plazo fijo, también perfectamente podrían aplicarse a un trabajador contratado por obra o faena, para los efectos de producir su transformación en uno por indefinido, toda vez que el trabajador aforado, no continuó prestando servicios –sin que mediara la obligación de reintegrarlo a sus labores-, tras la conclusión de la faena para la cual fue contratado, por otra parte tampoco el demandado había sido contratado anteriormente por la actora, u otra empresa que correspondiera a la misma organización empresarial –como dijo el testigo Boris Silva-, como para poder establecer que era contratado en forma sucesiva en virtud de distintos contratos por obra o a plazo, a fin de evitar su contratación indefinida. Además cabe tener presente que conforme lo dispone el inciso final del artículo 243 del Código del Trabajo, los delegados del personal –los cuales tienen el fuero señalado en el citado artículo 243, según ordena el artículo 229 del código laboral- sólo gozarán de fuero mientras esté vigente el respectivo contrato a plazo o por obra o servicio determinado. En este sentido no es posible acoger la pretensión del demandado, que funda el rechazo de la demanda, en la protección sindical de los trabajadores que se desempeñan para la demanda, ya que en este sentido en la obra o faena, laboraban unos diecinueve trabajadores, de los cuales sólo unos cuatro han seguido trabajando para la demandante -como también señaló el testigo Boris Silva-, de manera que si bien el actor fue despedido el 5 de septiembre, al concluir en ese instante el contrato que la actor tenía con Codelco, en el cual se desempeñaba el demandado, tampoco se justifica la mantención como representante de trabajadores que lo eligieron, que en su mayoría ya no prestan funciones para la demandada. Ello claramente guarda relación con la norma del artículo 243 inciso final, antes citada y claramente la elección como delegado sindical no puede ser utilizada como un mecanismo de mantener subsistente una relación laboral más allá de los fines de naturaleza de representación colectiva para la cual está concebida.

10º.- Que, así las cosas es menester arribar a la conclusión de que la autorización solicitada debe ser concedida, la cual de acuerdo a los antecedentes del proceso fue presentada oportunamente.

11º.- Que, la prueba mencionada en el motivo noveno fue apreciada conforme a las reglas de la sana crítica como lo ordena el artículo 456 del Código del Trabajo, y la no señalada expresamente no resultó relevante para la resolución de la acción deducida.

Por estas consideraciones y atendido, además lo dispuesto en los artículos 159 N° 5, 174, 229, 243, 446 y siguientes del Código del Trabajo y demás normas pertinentes, SE DECLARA:

I.- Que se hace lugar a la demanda interpuesta por Cristhian Soto Ríos en nombre y representación de MAESTRANZA BETH Y COMPAÑÍA LIMITADA en contra de don JORGE ALEJANDRO LETELIER PARDO todos ya individualizados, por concurrir los presupuestos para autorizar al actor para despedir al demandado antes nombrado.

II.- Que no se condena en costas al demandado por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.
RIT O-37-2011
RUC 11- 4-0034241-7
Proveyó don(a) CLAUDIO MARTINEZ MILET, Juez Titular del 1º Juzgado de Letras de Los Andes.
En Los Andes a diecinueve de diciembre de dos mil once, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Foja: 50
Cincuenta
edp

S E N T E N C I A D E R E E M P L A Z O

Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil doce.-

Vistos:
Reproduciendo la sentencia en alzada en su parte expositiva, considerandos, con excepción de los números 9°, 10° y 11°, que se eliminan. Se reproducen asimismo sus citas legales:
Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE:

Primero: Que el contrato de trabajo habido entre el demandante y el trabajador lo fue uno para la realización de una determinada obra, por lo que habiendo cesado dichos servicios, a juicio del empleador, el actor pidió al tribunal el desafuero del trabajador, por gozar este de fuero por ser dirigente sindical, siendo informado de su despido el día 05 de septiembre de 2011.

Segundo: Que de lo actuado en la presente causa, se desprende que la misma fue iniciada el día 21 de septiembre de 2011 y la obra o los servicios para los cuales el trabajador fue contratado culminaron el día 03 de octubre de 2011, siendo la causal invocada para despedir la del artículo 159 n° 5 del código laboral.

Tercero: Que por lo tanto, habiéndose pedido el desafuero del demandado con anterioridad a la cesación de los servicios para los cuales había sido contratado, dicha petición resulta del todo extemporánea para los efectos que se pretende.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo se declara: que se rechaza la demanda de desafuero sindical solicitada por la parte demandante.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro don Alejandro García Silva.
Rol N° 49-2012

No firma el Abogado Integrante Sr. Julio Reyes, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Valparaíso, Sr. Manuel Silva, Sr. Alejandro García y el Abogado Integrante Sr. Julio Reyes.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.

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