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Esta sentencia da cuenta de que resulta contrario a la lógica concluir que el empleador no está otorgando a su trabajador el trabajo convenido, cuando estando este haciendo uso de una licencia médica, motivó la decisión de su empleador, de reemplazarlo con otra persona mientras estuviese ausente.

Iquique, cuatro de diciembre de dos mil trece.

VISTO:

Que en estos autos RUC N° 1340021287-7, RIT N° I-19-2013, la Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, doña Catalina  Casanova Silva, dictó sentencia con fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, rechazando la reclamación interpuesta por la empresa Productos Fernández S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, manteniendo las resoluciones de multa N° 4460/13/29-1 y 2, de 15 de mayo de 2013.
En contra de dicha sentencia, la reclamante, representada por  el abogado don Roberto Jeria Paniagua, dedujo recurso de nulidad, invocando las causales de los artículos 477 y 478 letras b) y c) del Código del Trabajo, las que plantea una en subsidio de las otras.
Esta Corte declaró admisible el recurso, concurriendo a su vista el abogado ya nombrado por el libelo, y el abogado don Rodrigo Ceballos Vicentello, en contra del mismo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de nulidad interpuesto por la reclamante se funda en las causales de los artículos 477 y subsidiariamente en aquellas previstas en el artículo 478 en sus letras c) y b), una en subsidio de la otra, todos del Código del Trabajo, a fin de que se invalide la sentencia recurrida y se proceda a dictar otra de reemplazo acogiendo la reclamación deducida.

SEGUNDO: Si bien se fundamenta el arbitrio en tres causales de nulidad que se interponen unas en subsidio de otras, sin embargo, en atención a que su sustento lo componen los mismos hechos materia de la fiscalización y sobre si éstos constituyen o no motivo suficiente que ameriten las multas impuestas, ellas se analizarán conjuntamente.

TERCERO: Del examen de las causales de nulidad planteadas, si bien consta que se denuncia en primer término la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, que prescribe que es procedente el recurso de nulidad, “cuando en la dictación de la sentencia se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales”, mencionando la infracción del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política, subsidiariamente alega la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, que estipula que este recurso también procederá cuando sea “necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, denunciando errores de derecho relativos a los hechos materia de la fiscalización efectuada a su parte, que por una razón de orden lógico procesal, relacionada con la forma en que el juez del fondo se ha hecho cargo de la prueba rendida y su valoración, se analizarán más adelante, porque resulta necesario analizar en primer término la modalidad de ocurrencia de los hechos que sirvieron de base para la aplicación del derecho, examen que se condice primeramente con la causal contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, deducida subsidiariamente por el reclamante.

CUARTO: Atendido lo expresado precedentemente se analizará la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Sobre el particular, el reclamante, luego de discurrir acerca de lo que se entiende por sana crítica y sobre el sistema de apreciación conforme a ella, señala que en el caso sub lite, el fallo ha vulnerado abiertamente el principio de regulación de la prueba conforme a las citadas reglas, al apartarse de la lógica racional y de la experiencia en el establecimiento de sus conclusiones, puesto que, habiéndose acreditado los hechos de una manera clara y precisa, la conclusión debe ser otra, desatendiendo el fallo la lógica y la experiencia evidentes en la ordenación de los hechos, vulnerando normas legales expresas, lo que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Así, la actuación de la reclamante, a la luz de la lógica y de la experiencia, al enviar a uno de sus trabajadores a suplir o reemplazar en su puesto al Jefe de la Oficina de Iquique, durante el período en que éste hizo uso de licencias médicas, no ha sido más que la natural actuación de un empleador que se ve en la necesidad de cubrir un puesto de trabajo que no será servido por el trabajador que hace uso de esas licencias y, precisamente porque no puede contar con sus servicios, en ese evento hace lo lógico, que es enviar un representante, como lo indica la lógica y la experiencia de los empleadores, cuestiones que el tribunal a quo en este caso, ha desestimado, dando valor a una prueba alejada de la realidad de los hechos, consistente en las declaraciones del fiscalizador.

Agrega, que la empresa no ha incurrido en falta alguna respecto de los derechos y obligaciones que emanan de la relación laboral con el señor Laclabere, pues no se ha dejado de otorgarle el trabajo convenido ya que la labor del señor Bruna era transitoria, mientras duraba la ausencia del primero (por sus licencias médicas), por lo que dicha conducta obedece exclusivamente a una necesidad lógica de toda organización, para mantener la estabilidad operativa que permita su funcionamiento y disponer de su proceso productivo.

En el mismo sentido, señala que el señor Laclabere Aninat, se reintegró en forma parcial a sus funciones en el período comprendido entre el 30 de marzo y el 17 de abril de 2013, prestando servicios en la jornada de la mañana y compartiendo las labores de jefatura con el señor Bruna, por lo que no resulta preciso ni contingente sostener que no le fue proporcionado su trabajo al momento de reintegrarse a sus funciones, cuestión que el fiscalizador no verificó personalmente. Asimismo, da cuenta que la fiscalización se produjo al día siguiente al reintegro del señor Laclabere a sus funciones, por lo que resulta lógico que el señor Bruna se mantuviera en la Oficina, a fin de interiorizarlo de situaciones generadas durante su ausencia, para que ejerciera su cargo de manera adecuada.

Finaliza solicitando la nulidad de la sentencia recurrida, a fin de que este tribunal, conociendo del recurso, la anule y dicte la correspondiente sentencia de remplazo, acogiendo la reclamación interpuesta, condenando a la reclamada, además, al pago de las costas del proceso y del presente recurso. 

QUINTO: Del análisis de la sentencia impugnada, resulta evidente que se ha incurrido en la causal alegada, al haberse pronunciado ésta con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, reguladas en el artículo 456 del mismo texto legal, al haberse conculcado de manera manifiesta el principio de no contradicción, propio de la lógica formal.

SEXTO: En efecto, en el considerando undécimo de la sentencia recurrida, se señala que el análisis de los instrumentos incorporados por la reclamada, así como las alegaciones efectuadas en el juicio y considerando especialmente la comparecencia del fiscalizador Dufré Villalobos Díaz, se concluye “la efectividad de la ocurrencia de los hechos que motivaron las infracciones cursadas por el ente administrativo, razón por la que se descarta error de hecho por parte del fiscalizador actuante en cuanto a la constatación de las infracciones, que da cuenta la resolución de multas”.

En el mismo considerando, en el párrafo tercero, expresa que “se le asignará valor a lo señalado por el fiscalizador de la referida repartición pública, por lo que en utilización de las reglas de la sana crítica, en especial de la lógica, por aparecer revestidas de suficiente credibilidad la constatación del inspector del trabajo, como tercero imparcial, que como tal, goza de la presunción de veracidad en sus afirmaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 del DFL N° 2, Orgánica de la Dirección del Trabajo, “la que no ha sido desvirtuada por ningún elemento probatorio, se estima que los hechos constatados efectivamente ocurrieron y que no hubo error de hecho en la resolución aludida”.

Ningún otro razonamiento expone la sentenciadora para desvalorar la prueba aportada al proceso por la reclamante y dar por sentada la efectividad de los hechos fundantes de la reclamación.

SEPTIMO: En el acta de audiencia preparatoria de 27 de agosto de 2013, se hicieron constar los medios de prueba ofrecidos por las partes, reclamante y reclamada, indicándose que la primera se valdría de prueba documental y testimonial, la que aparece reseñada en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa, y la segunda de aquella que se señala en el motivo quinto del mismo fallo. En la audiencia de juicio se deja constancia que las partes incorporaron las probanzas ofrecidas en la audiencia preparatoria.

OCTAVO: El referido DFL N° 2, de 1967, que corresponde a la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en su artículo 23, estipula que “Los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de Ministros de Fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomas declaraciones bajo juramento.(..…) En consecuencia los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial”.

Por otra parte, el artículo 503 del Código del Trabajo, en su inciso primero, establece que “las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe”.

Las referidas normas consagran la presunción legal de veracidad, principio jurídico-legal de que gozan las personas dotadas de autoridad pública en la realización de sus funciones y cuya principal característica es que la declaración o testimonio de quien lo disfruta se presume como veraz, y por lo tanto prevalece sobre aquella persona cuya palabra no se encuentra dotada de tal valor, salvo que aporte prueba eficaz para contradecir los hechos declarados por la autoridad. 

Así, esta presunción de veracidad, en tanto presunción simplemente legal produce un efecto procesal determinante en materia de prueba, esto es, invierte el peso de la prueba, siendo de cargo de quien contradice lo afirmado por la autoridad administrativa respecto de los hechos constatados, aportar los medios probatorios idóneos para desvirtuar las circunstancias apreciadas por el fiscalizador.

NOVENO: Es por ello que la sentenciadora, sobre la base de los hechos constatados por el fiscalizador y consignados en las resoluciones reclamadas, mismas que tomó también como base las actas de fiscalización y exposición N° 4460/13/29-1 y 4460/13/29-2, de 15 de mayo de 2013, debió haber valorado los mismos desde la perspectiva que le imponen las reglas de la sana crítica, y en este sentido resulta contrario a la lógica concluir que el empleador no está otorgando a su trabajador el trabajo convenido, ya que es también un hecho demostrado que don Maurice Laclebere Aninat gozó de licencias médicas ininterrumpidamente desde el 23 de febrero hasta el 15 de mayo de 2013, lo que motivó la decisión de su empleador, la reclamante de autos, de reemplazarlo con otra persona mientras estuviese ausente, máxime cuando el trabajador en ese lapso gozó de licencias totales o parciales. De igual modo, tampoco puede estimarse que haya sido necesaria la modificación a su contrato de trabajo, puesto que al momento de la fiscalización recién se reincorporaba a sus funciones, como Jefe de Ventas de la Provincia de Iquique de la empresa ya nombrada, luego de haber hecho uso de licencias médicas reiteradas, atendiendo, además, la categoría del cargo y naturaleza de las funciones inherentes a él.

En estas condiciones, sólo cabe concluir que se han configurado los presupuestos que hacen procedente la causal de nulidad alegada, por cuanto aparece con claridad y nitidez que al ponderar los antecedentes probatorios que la llevaron a rechazar la reclamación, la sentenciadora se apartó de un modo manifiesto de las normas sobre la apreciación de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en cuanto no ha valorado conforme a la ley el acta de fiscalización y los hechos constatados en la misma, apareciendo aquellos desprovistos de sustento en la prueba rendida, particularmente en los instrumentos aportados por la reclamante, de forma que no es posible, a la luz de la lógica y las máximas de la experiencia, dar asidero a la decisión alcanzada. 

DECIMO: Que de la forma que se ha razonado, habrá de acogerse el recurso de nulidad por la causal ya mencionada, procediendo la invalidación del fallo y la dictación, acto continuo, de la sentencia de reemplazo que corresponde, resultando por ende, innecesario entrar al análisis de las otras causales de nulidad interpuestas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, SE ACOGE el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Roberto Jeria Paniagua, en representación de la reclamante, Productos Fernández S.A., en contra de la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil trece, dictada por doña Catalina Casanova Silva, la que se anula y reemplaza por la que separadamente se dicta a continuación

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Redacción de la Ministro señorita Mirta Chamorro Pinto
Rol I. Corte N° 60-2013.

Pronunciada por los Ministros Titulares Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA, Srta. MIRTA CHAMORRO PINTO y Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ. Autoriza don ANDRÉS PROVOSTE VALENZUELA, Secretario Titular.

En Iquique, a cuatro de diciembre de dos mil trece, notifiqué por el estado diario de hoy, la sentencia que antecede.

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