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Existe un Dictamen de la C.G.R .sobre una consulta sobre un caso que estando en conocimiento de los tribunales de justicia, se solicita la intervención de la Dirección del Trabajo, por la cual la contraloría General de la Republica indica que ese Organismo Fiscalizador no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia

 

                Sobre reclamo hecha por el presidente de un sindicato por eventuales demoras en la tramitación de las denuncias por parte de la Dirección del Trabajo    

               

Acción  : Aplica dictámenes 32643/2013, 54736/2012     

Fuentes Legales:  CTR art/505 inc/1, dfl 2/67 TRAPS art/1 lt/a, dfl 2/67 TRAPS art/1 lt/b, ley 10336 art/6 inc/3, POL art/98, ctr art/161, ctr art/309        

               

Descriptores: tramitación denuncias, DITRA, asunto litigioso    

               

 Documento Completo                 N° 78.661 Fecha: 29-XI-2013      

 

Se ha dirigido a esta Contraloría General, a través de la página web institucional, don L.B. Q, Presidente del Sindicato Empresa Inversiones xxxx S.A., formulando un reclamo en contra de la Dirección del Trabajo porque, a su juicio, retrasa, demora y no da curso a las denuncias por derechos fundamentales y garantía de indemnidad, pese a tener todos los antecedentes requeridos a la vista, en relación con el despido de don G.R.B., socio de esa organización sindical, cuya denuncia ante la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, por vulneración de sus derechos fundamentales, fue declarada inadmisible por encontrarse supeditada la existencia del derecho alegado al pronunciamiento que en definitiva emita la justicia laboral.

 

Requerido informe al respecto, la Dirección del Trabajo, por oficio N° 3.929, de la presente anualidad, señala que conforme a los antecedentes analizados, el señor R.B. habría sido despedido de la empresa Inversiones xxxxx S.A., con fecha 29 de mayo del año en curso, en virtud de la causa legal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo, no obstante encontrarse eventualmente amparado por el fuero previsto en el artículo 309 de ese cuerpo legal, que dispone que los trabajadores involucrados en una negociación colectiva gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días anteriores a la presentación de un proyecto de contrato colectivo hasta treinta días después de la suscripción de este último, o de la fecha de notificación a las partes del fallo arbitral que se hubiere dictado.

 

Agrega, que con fecha 31 de marzo de 2007 el sindicato habría presentado a la empresa un proyecto de contrato colectivo, dando inicio a un proceso de negociación colectiva que habría finalizado el 3 de abril de ese año, con la presentación de una nueva propuesta de convenio, respecto del cual la empleadora no se habría pronunciado.

 

Ante lo cual, el sindicato interpuso una demanda laboral, rol N° L-509/2007, ante el Noveno Juzgado del Trabajo de Santiago –actualmente Segundo Juzgado–, solicitando que se ordene a la empresa suscribir el contrato colectivo en los mismos términos del proyecto presentado por la demandante y, además, la declaración de procedencia de todas las prestaciones que de dicho instrumento emanarían. Este proceso se encuentra en actual tramitación, habiéndose fijado la audiencia de prueba respectiva para el día 24 de octubre de este año, a las 9:00 horas, según el citado informe.

 

Cabe señalar, asimismo, que se encuentra pendiente en la Corte Suprema un recurso de casación en la forma y en el fondo deducido por la empresa Inversiones xxxxxx S.A., en contra del fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Santiago, en autos rol N° C-30458-2008, que declaró la nulidad de la censura a la comisión negociadora y al directorio del Sindicato Empresa Inversiones xxxx S.A., y dispuso la nulidad de la suscripción del contrato colectivo celebrado con fecha 30 de mayo de 2007, así como de la elección sindical efectuada el 29 de junio de esa misma anualidad.

 

Añade el informe, que sin perjuicio de la función fiscalizadora que ejerce la Dirección del Trabajo, resulta imperioso concluir que el requerimiento del ocurrente, excede el ámbito de competencia de ese servicio, toda vez que no le asisten facultades para declarar la restitución de los derechos laborales que reclama, habida consideración de que la materia ha sido sometida al conocimiento de los tribunales de justicia, sin que resulte determinante lo resuelto por el juzgado civil, en tanto no se resuelva la causa laboral.

 

En virtud de lo expuesto, la Dirección del Trabajo estima que la respuesta que la Inspección del Trabajo Santiago Sur Oriente le remitiera al señor R. B., por oficio N° 997, del presente año, mediante el cual se le informa sobre los fundamentos para dar término al procedimiento de vulneración de derechos fundamentales incoado en virtud de su denuncia de fecha 4 de junio de esta anualidad, se ajusta a derecho, sin que los argumentos expuestos en la presentación del presidente de la organización sindical de que se trata, aporten antecedentes que permitan arribar a una conclusión diferente, toda vez que dicho organismo carece de competencia para dirimir los aspectos reclamados, razón por la cual, desestima la presentación del señor B.Q., por carecer de fundamento.

 

Al respecto, cabe hacer presente que el artículo 505, inciso primero, del Código del Trabajo, en relación con el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social –que dispone la reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo–, en sus letras a) y b), previene que corresponde a esta última entidad fiscalizar la aplicación de la legislación laboral; y fijar, de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo.

 

Por tal razón, esta Contraloría General está impedida de emitir un pronunciamiento que determine si existió una errónea interpretación de las normas laborales en relación con los hechos denunciados, toda vez que ello significaría fijar el sentido y el alcance de aquellas, asunto que compete en forma exclusiva a la Dirección del Trabajo (aplica dictamen N° 54.736, de 2012, de esta Entidad Superior de Control).

 

Asimismo, es dable precisar que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, este Organismo Fiscalizador no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, como sucede en la especie.

 

Sin embargo, lo anterior no impide que este Órgano de Control pueda referirse al estricto acatamiento del principio de juridicidad de las decisiones administrativas que esa institución adopte, en virtud del control amplio de legalidad que le encomienda el artículo 98 de la Constitución Política de la República (aplica dictamen N° 32.643, de 2013, de este origen).

 

En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente actuó dentro del ámbito de sus atribuciones al denegar la solicitud del recurrente, por tratarse de un asunto que está sometido actualmente al conocimiento de los tribunales de justicia.

 

 

Patricia Arriagada Villouta

Contralor General de la República

Subrogante

Last modified on Lunes, 03 Noviembre 2014

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