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La Contraloría General de la República se pronuncia Sobre denuncia por eventual incumplimiento de plazos durante tramitación de negociación colectiva, por parte de la Dirección del Trabajo.      

               

Acción  Aplica dictámenes 65282/2009, 60918/2013, 20469/2012, 58044/2012   

               

Fuentes Legales : ctr art/303, ctr art/315, ctr art/322, ctr art/329, ctr art/331 inc/3, ctr art/370 lt/b, ctr art/505  

 

Descriptores      DITRA, negociación colectiva, incumplimiento plazos    

               

Documento Completo N° 3.899 Fecha: 16-I-2014

 

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor M.D.T., reclamando falta de oportunidad por parte de la Dirección del Trabajo durante el proceso de negociación colectiva llevado a cabo por la Federación Nacional del Trabajador de xxxx S.A. y, especialmente, en la resolución de un recurso de reposición administrativa, situación que habría producido que el día anterior a iniciarse la respectiva huelga, no se tuviese certeza de los trabajadores afectos a ella, generando, según sostiene el denunciante, dificultades de organización y una merma en sus derechos laborales.

 

Requerido su informe, mediante el oficio Ord. N° 4.047, de 16 de octubre de 2013, la Directora del Trabajo indicó, primeramente, que el reclamo del recurrente se vincula con la negociación colectiva N° 1323-2013-83, correspondiente a la Empresa Administradora de xxxxxx Ltda. y más de 45 organizaciones sindicales y grupos de trabajadores, en la cual participaron más mil empleados.

 

En lo que interesa, aduce que dicho proceso tuvo su origen en la presentación de un proyecto de contrato colectivo que, con fecha 22 de mayo de 2013, efectuó la federación en la empresa y que fue depositado al día siguiente en la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte Chacabuco, por lo que, conforme a los plazos establecidos en el artículo 322 del Código del Trabajo, la negociación debía extenderse hasta el 6 de julio de la misma anualidad.

 

A continuación, señala que el 3 de junio del 2013, la empresa xxxx Ltda., encargó a la citada inspección la notificación de su negativa a la comisión negociadora -atendida la oposición de ésta a recibirla-, tras cuestionar el instrumento presentado por los trabajadores, por considerar que no se ajustaba al procedimiento contemplado en el Capítulo II del Libro IV del citado código, y desconociendo, además, tanto la legalidad de la comisión como la capacidad de negociar de todos los trabajadores.

 

Enseguida, advierte que con fecha 10 de junio de 2013, la comisión negociadora dedujo una reclamación administrativa en contra de la respuesta de su empleador, haciendo presente que, dado el número de funcionarios involucrados y la complejidad del tema, el referido recurso fue conocido por la jefatura máxima del servicio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 331 de ese código, ordenando la instrucción de diligencias de fiscalización para mejor resolver, y tras cuyo desarrollo dictó la resolución N° 1.121, de 5 de julio de 2013, que acogió parcialmente las objeciones de la mencionada comisión y estableció una lista de los trabajadores afectos al proceso de negociación.

 

Posteriormente, manifiesta que el 10 de julio de 2013, la comisión negociadora, interpuso un recurso de reposición en contra de la mencionada resolución, el cual se denegó mediante la resolución N° 1.179, de 22 de julio de la misma anualidad, por cuanto no aportó nuevos antecedentes que permitiesen variar la determinación antes adoptada.

 

Finalmente, indica que según lo previsto en el Código del Trabajo, corresponde a los trabajadores resolver si aceptan la última oferta del empleador o si declaran la huelga, debiendo efectuarse una votación para decidirlo, derecho que ejerció la referida comisión durante los cinco últimos días del término legal del procedimiento, plazo que, como ya se expuso, debía culminar originalmente el 6 de julio de 2013, pero que se extendió hasta el 23 de julio -toda vez que el día 8 del mismo mes y año, los trabajadores solicitaron los buenos oficios de la Dirección del Trabajo-, sin que tras su finalización comenzaran la huelga legal, por cuanto, conforme expresa, las partes negociantes alcanzaron un acuerdo.

 

Así, esa Dirección del Trabajo estima haber cumplido con sus funciones a cabalidad, toda vez que, por una parte, llevó a cabo múltiples fiscalizaciones respecto del caso en análisis y, por otra, actuó dentro de sus atribuciones, resolviendo lo que en derecho procedía, sin generarle perjuicio alguno a los trabajadores.

 

Sobre el particular, resulta pertinente anotar que, de acuerdo al artículo 303 del Código del Trabajo, se entiende por negociación colectiva el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se reúnan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado.

 

A su vez, el artículo 315 del mismo cuerpo normativo dispone que la negociación colectiva se inicia con la presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos negociadores de la respectiva empresa, la cual, en caso de que existiere un contrato colectivo vigente, debe efectuarse dentro del plazo establecido en el artículo 322 de ese texto legal, esto es, no antes de cuarenta y cinco días ni después de cuarenta días anteriores a la fecha de vencimiento de dicho convenio, por lo que, habiéndose presentado el proyecto pertinente, el día 22 de mayo de 2013, el proceso completo debía extenderse como máximo hasta el día 6 de julio.

 

Por su parte, los artículos 329 y 331 de igual código, prevén que el empleador deberá dar respuesta por escrito a la comisión negociadora, pronunciándose sobre todas las propuestas de los trabajadores pudiendo formular las observaciones que le parezcan del proyecto, y de las cuales esa comisión está facultada para reclamar ante la inspección del trabajo -sin interrumpirse el curso del proceso- dentro del plazo de 5 días contados desde la recepción de la contestación, teniendo ese órgano igual término para resolver. No obstante, añade el inciso tercero del artículo 331, que si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por la autoridad máxima de la Dirección del Trabajo, quien, en el caso en estudio, decidió acogerla parcialmente, determinando la nómina de trabajadores sometidos al anotado proceso colectivo, mediante la enunciada resolución Nº 1.121, de 2013, la que fue impugnada, como se indicara, por la comisión negociadora, a través de un recurso de reposición, el cual fue denegado por el servicio por no aportar nuevos antecedentes que permitiesen alterar los términos de ese acto administrativo.

 

A su turno, el artículo 370, letra b), del Código del Trabajo preceptúa que los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta del empleador o si declaran la huelga cuando el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en caso de no existir éstos, dentro de los cinco últimos días de un total de cuarenta y cinco o sesenta días contados desde la presentación del proyecto, según si la negociación se ajusta al Capítulo I o II del Título II de esa preceptiva, lo que en el caso en análisis debía ocurrir originalmente los días 5 y 6 de julio, pero que tras los distintos recursos y solicitudes planteadas ante la Inspección del Trabajo, se difirió al 23 de julio de 2013, sin que pueda advertirse que ello obedece a una causa imputable a la Dirección del Trabajo.

 

Luego, es posible colegir que esa entidad observó sus deberes y obligaciones en la materia, resolviendo cada una de las presentaciones y solicitudes formuladas por los trabajadores, dentro de plazos razonables atendida la naturaleza y complejidad del asunto en examen, enmarcándose en todo momento en la normativa aplicable y, especialmente, en lo prescrito en el artículo 505 del Código del Trabajo, esto es, que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación compete a la aludida repartición pública, sin perjuicio de las facultades de otros órganos de la administración en virtud de las leyes que los rigen (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos 65.282, de 2009 y 60.918, de 2013, ambos de este origen).

Con todo, cabe hacer presente que, en armonía con lo resuelto en la jurisprudencia administrativa de este Órgano Contralor, a través de los dictámenes Nos 20.469 y 58.044, ambos de 2012, entre otros, los términos fijados por el ordenamiento jurídico para que los órganos de la administración del Estado o sus agentes desarrollen sus cometidos no son fatales, por lo que su inobservancia no afecta la validez de las actuaciones realizadas en forma extemporánea, no obstante las responsabilidades en que puedan incurrir los funcionarios por el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual no se constata en este caso.

 

Por tanto, esta Contraloría General debe desestimar la denuncia del señor M.D.T.

 

Transcríbase a la Dirección del Trabajo.

 

Saluda atentamente a Ud.,

 

Patricia Arriagada Villouta

Contralor General de la República

Subrogante

Last modified on Lunes, 03 Noviembre 2014

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